La calidad de los medicamentos y el abastecimiento integral para todos los peruanos es uno de los componentes esenciales del derecho a la salud. Medicamentos eficaces y al alcance de todos. Nada es más perjudicial para la salud que los medicamentos en lugar de curar hagan daño y/o que exista escasez y desabastecimiento. El gobierno en estos 180 días ha puesto en marcha una estrategia con la finalidad de abastecer los hospitales de medicamentos a muy bajo precio, a través de la llamada SUBASTA INVERSA. La norma que regula las compras estatales es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, la misma que señala 4 tipos de adquisiciones: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y la adjudicación de menor cuantía. No prevé como forma de adquisición, a la subasta inversa. El gobierno en lugar de emitir un decreto supremo para autorizar la subasta inversa debió haber remitido un proyecto de ley al Congreso para que se promulgue una ley que incorpore a la subasta inversa como mecanismo de adquisición pública. Sin embargo, eso no ha ocurrido, por lo tanto la subasta inversa realizada es ilegal. Peor aún, en el proceso realizado se ha buscado el mejor precio sin tomar en cuenta la calidad, violando la Ley de adquisiciones que así lo exige. Esto es un atentado contra la salud pública. El Ministerio de Salud tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar la calidad de los fármacos. La ilegal subasta inversa realizada ha permitido que un grupo disperso de droguerías y distribuidoras, se alce con el 44% de las ventas. Los laboratorios nacionales y extranjeros sólo con el 56%. ¿Es posible que los precios de los intermediarios sean inferiores al de los fabricantes? El sentido común nos dice que no y peor aún que ofrezcan buena calidad. Sin embargo, ha ocurrido que empresas intermediarias recién creadas con ínfimo capital, 2,000 a 10,000 soles ganen la buena pro, y se beneficien con más de 65 millones de soles. Además, se ha realizado una compra centralizada. Los proveedores sólo se comprometen a distribuir los fármacos a 24 puntos en todo el Perú. Es decir un punto por departamento. Arequipa recibirá todos sus medicamentos en un solo almacén. El gobierno asumirá el gasto y el riesgo para distribuir los medicamentos a todas las 8 provincias, y sus respectivos distritos. Igual suerte corren todos los 24 departamentos del Perú. El costo será enorme. Hay protestas de todos los sectores, sin embargo, la protesta médica es consistente con su misión y exige al gobierno que garantice la buena calidad de los medicamentos de los centros hospitalarios públicos a su cargo. La protesta médica tiene una motivación humanista pero también jurídica. Si algún paciente empeora o se complica a causa de los malos medicamentos será enjuiciado el médico tratante. Luego de un largo y tedioso proceso tendrá que demostrar que se trató del medicamento. ¿Será acusado el ministro de Salud, el presidente de EsSalud?, difícilmente. El drama será para el paciente y para el médico tratante Las autoridades del Ministerio de Salud debido a las quejas por la mala calidad de los medicamentos han empezado toda una campaña mediática de distorsión de la realidad. Por ejemplo, el ministro señala que hay un ahorro de 40 millones, que en realidad no existe. Hay 13 millones que fueron declarados desiertos, es decir, no hay ahorro, peor aún, hay desabastecimiento de esos fármacos no subastados. Hay enormes gastos de distribución que correrán a cuenta del gobierno. EsSalud con avisos pagados hecha la culpa de la mala calidad de los medicamentos al Congreso de la República por no modificar el capítulo VII de la Ley General de Salud referido a los medicamentos. Además, autorizan para que las propias redes administrativas desconcentradas de EsSalud compren autónomamente los medicamentos que “sus médicos recetan”. Es decir, reconocen el fracaso de la compra centralizada, y plantean la compra descentralizada. Esto es contramarcha y parche ante las críticas. Finalmente, hay que levantar la falsa acusación contra el Congreso de la República. El Congreso no es culpable de que el Ejecutivo vía decreto supremo viole la Ley de Adquisiciones y Contrataciones y compre medicamentos con el procedimiento de la subasta inversa prescindiendo de su calidad. Pero ahora, el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización tiene la responsabilidad de dejar sin efecto ese ilegal decreto supremo, fiscalizar esta irregular compra de medicamentos. La profesión médica y el país esperan sanciones drásticas para los responsables por atentar contra la salud pública y los derechos humanos de los ciudadanos del Perú.