1. La reglamentación de la ley 27104 en forma general y específica por sectores debe ser precedida por la ley de centros de origen y megadiversidad biológica, de tal manera que se precise la política nacional sobre nuestro legado y los riesgos de la biotecnología moderna. La promulgación de esta ley se ampara en el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) y el Protocolo de Cartagena sobre los riesgos de la Biotecnología Moderna (2000) vigentes legalmente para nuestro país. Debate que es increíblemente postergado hasta la fecha.
2. En el país subrepticiamente han ingresado semillas genéticamente modificadas, productos derivados y posiblemente peces transgénicos,  ante la inacción del gobierno, aplicando “la política del hecho consumado”, es decir, ahora se hace de la vista gorda al ingreso para luego contentarse con la reglamentación. Estrategia utilizada ya en otros países.
3. El gobierno del Perú ha dejado de mirar el contexto internacional en relación a los transgénicos, cuya expresión se ha evidenciado con lo ocurrido en los países desarrollados de la Unión Europea y México.  Países donde el diseño de la política nacional de la biotecnología moderna es lo que les ha permitido tomar decisiones para prohibir, invocando el principio precautorio, la siembra y consumo de algunos transgénicos.
4. El Ministerio del Ambiente debe tener una participación activa y rectora en el diseño de la Política Nacional sobre Biotecnología Moderna por la transectorialidad que le es inherente y corregir la conducción de un solo sector, es decir, el Ministerio de Agricultura, a través del INIA. (Instituto Nacional de Investigación Agraria).
5. El INIA, ente rector sobre investigación agraria, debe tener una posición científica, imparcial y objetiva ajena a presiones políticas, económicas y sociales; sin embargo, INIA promueve el ingreso y comercialización de los productos transgénicos, tomándose atribuciones que no le corresponden y cuya consecuencia es el daño a la megadiversidad y centros de origen de nuestro país (por los escapes de genes ya comprobados), además de impacto negativo en la agricultura y salud pública.
6. A pesar de existir una serie de estudios en animales de experimentación que demuestran el daño a la salud animal,  los países europeos con buen criterio, invocan el principio precautorio que significa que ante la duda de daño que pudiera presentar cualquier producto para la salud humana, es preferible no consumirlo. Los daños reportados a la salud  pública incluyen: alergias, enfermedades inflamatorias crónicas, daños inmunológicos y probabilidad de cáncer por la transferencia horizontal de genes, etc.   En humanos por razones éticas y legales estos experimentos son difíciles de realizar, sin embargo al encontrarse ya en comercialización algunos productos transgénicos, es importante que estos sean etiquetados para precisar las relaciones de causa efecto del posible daño en humanos, ya  advertido en animales.
7. Con el etiquetado de los productos genéticamente modificados los consumidores podemos ejercer nuestros derechos contra la industria, autoridades y otros, exigiendo que asuman sus responsabilidades penales y civiles porque:

• Permite la trazabilidad del transgénico en la determinación de la causa efecto del posible daño
• El consumidor recibe una  información completa y oportuna, tanto de los beneficios como de los riesgos al consumir un alimento transgénico.
• El consumidor ejerce la libertad de elección.
  

Por lo expuesto la Asociación Médica Peruana reitera que nuestro país debe proteger su enorme biodiversidad, centros de origen y del descrito impacto negativo a la salud apostando por un Perú cuyo territorio sea libre de transgénicos.