El rol del Estado en la salud

Herberth Cuba García

 En los últimos días hemos asistido a una vigorosa campana publicitaria por parte del Ministerio de Salud dirigida a llamar la atención de la opinión pública sobre la reforma de la salud. En este contexto, hay la tendencia a considerar que dentro de la reforma existe una estrategia llamada de focalización del gasto social básico", que orienta los recursos a las "zonas más pobres" antes que a los sectores pobres, por la que se benefician tirios y troyanos. Erróneamente, se considera que este programa es capaz de convertirse en palanca importante y locomotora de la reforma.

El eje de la reforma radica en el rol que debe cumplir el Estado frente a la salud. ¿Debe ser el Estado proveedor de los servicios o el coordinador y promotor de ellos? La reforma implica un cambio radical en el tipo de gestión; es decir, que de un Estado ejecutor de servicios se debe pasar a uno fundamentalmente coordinador de recursos y promotor de la gestión social. En tal sentido, ya en 1990 se puso las bases de la reforma en un documento ampliamente difundido y que sucesivas administraciones, incluida la actual, han desconocido en la práctica (Plan Sectorial en Salud; 1990).

En ese sentido, el programa de focalización, que es de financiamiento de salud básica, es parte del programa nacional de apoyo social que implementa el gobierno en forma conjunta con los sectores de Educación, Justicia, Salud y Nutrición. El Ministerio de Salud "se orienta a garantizar el acceso universal de la población a un paquete básico de salud capaz de producir una mejora sustancial en su nivel de salud".

Debemos aclarar qué significa salud básica, para evitar que la generalidad del término induzca a error. Salud básica es entendida como un paquete de servicios preventivo promocionales de salud, el mismo que debe tener el criterio de cobertura universal; o, dicho de otra manera, que beneficie a toda la población del país.

En tal sentido, la salud es concebida como un bien público; es decir, uno de cuya prestación se beneficia toda la población. Dicho de otra manera, es un bien público como lo son las carreteras para el desarrollo del país. Vacunar un niño significa no sólo proteger al niño, sino también al resto de la población infantil, ya que el niño no se convertirá en un foco de propagación epidémica. En tal sentido, la salud preventiva promocional juega un importante rol como bien público, que el Estado debe asegurar.

Pero así como el Estado no necesariamente ejecuta las carreteras, aunque sufraga los costos, asimismo no es necesario que el Estado provea el servicio de salud básica, sino que debe financiar el costo del servicio, en la medida que es una obligación ineludible del Estado.

Sin embargo, cuando se trata de salud como bien privado es decir, salud curativa y de rehabilitación como, por ejemplo, una apendicitis debe haber discriminación en los subsidios, de modo que el pobre se beneficie y quien tenga recursos pague.

Retomando el ejemplo anterior, ya no se trata de las carreteras y la vía pública, sino del desarrollo dentro de cada casa particular. Cada propietario debe cuidar su casa y a su vez esforzarse por financiar su desarrollo, además de protegerla de contingencias. Lo mismo ocurre con la salud curativa y de rehabilitación. El Estado tiene la obligación de brindar difusión sobre lo dañino del hábito de fumar, en forma masiva, pero al final de cuentas cada persona debe decidir por sí misma, y si decide fumar sabrá perfectamente que sufrirá de al­guna enfermedad coronaria, pulmonar, etc. y por lo tanto deberá prepararse para afrontar los gastos económicos que su irresponsabilidad genere. ¿Tiene el Estado que pagar los gastos que ocasionan los estilos de vida dañinos para la salud, como el fumar? Es evidente que no.

Así, se abre una gama de posibilidades que generan responsabilidad en el usuario de los servicios de salud, como el pago directo y el seguro, y se estimula el ahorro para contingencias de salud, lo que lleva a un proceso de capitalización y ahorro interno que contribuye al desarrollo nacional.

Esto significa que cada ciudadano contribuye particularmente al desarrollo de su propia salud. Hay que remarcar el hecho de que en el Perú, según declaraciones de las propias empresas productoras, las ventas de cerveza al por mayor ascendieron en 1993 a 560 millones de dólares, mientras que el gasto en medicinas que en el mismo período de 260 millones de dólares. Ahora, si tomamos en cuenta que el gasto en medicamentos representa aproximadamente un 40% del gasto total en salud, podremos apreciar el inmenso potencial de recursos de la población que bien pueden ser canalizados en salud.

En conclusión, la reforma del Sector Salud espera una transformación que signifique no sólo un diseño político capaz de mejorar los indicadores de salud sino, sobre todo, una inversión pública y/o privada que contribuya al desarrollo del país.

(*) Autor de los libros Salud en la Encrucijada y Salud Dentro de la Reforma, una Nueva Propuesta.

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