Reforma y contrarreforma en Salud (V)

Herberth Cuba García

Iniciada la reforma en la economía, lo lógico era que Salud hubiese seguido el mismo camino. Sin embargo, esto no ha sucedido, como ya hemos demostrado en artículos anteriores.

 Hubo, lamentablemente, discrepancias públicas y notorias entre el entonces ministro de Economía, C. Boloña, y el ministro de Salud, V. Paredes. Reforma y contrarreforma. Con una gravísima disyuntiva: la vida o la muerte de los peruanos.

 Deja de tener sentido e interés discutir si se está de acuerdo o no con la política económica del gobierno. Es verdad universalmente válida que un ministro de Salud debe tener elemental decirlo una política sanitaria coherente con la económica, de tal manera que se obtenga el máximo beneficio de aquella en favor de la salud.

 Lamentablemente, este gravísimo error lo ha registrado la historia de la salud del país en la gestión del ministro Paredes. Y esta misma historia lo juzga por haber dejado el ministerio en el peor caos de la historia del Perú. Hecho que también hemos analizado ampliamente en artículos anteriores.

 Esa política económica reclamaba que el sector Salud dejase los subsidios indiscriminados y que fueran proscritos los conceptos de gratuidad universal. Sabemos que detrás de los subsidios y la gratuidad se esconde una gran verdad: que esa gratuidad no es tal, sino que la paga el Estado y, al final de cuentas, todos los peruanos. Y que los subsidios sólo benefician a los sectores de mayores recursos económicos.

¿GRATUIDAD BIENHECHORA?

El concepto de gratuidad indiscriminada sitúa en un mismo plano tanto a la llamada «carga social» (niños, ancianos, incapacitados y los más pobres); cuya atención es tarea del Estado, así como a los demás sectores sociales que tienen ingentes recursos económicos. Este igualitarismo es relativo, ya que las acciones conexas a la atención médica hacen que los pacientes de menores recursos no puedan beneficiarse plenamente de la gratuidad.

 Ilustra este hecho, por ejemplo, que casi el 40% del gasto global en Salud lo representa el costo por medicamentos. Como observamos, el que no tiene recursos para comprar los medicamentos en nada se beneficia con la gratuidad de la atención médica. Sí lo hace, en cambio, el paciente de mayores recursos económicos que puede comprar los medicamentos prescritos. De este modo, queda claro que el subsidio siempre beneficia al sector de mayores recursos económicos.

 Otro problema: la distribución del gasto en forma geográfica y centralista. Es decir, no en función de pacientes riesgo y de zonas geográficas ajenas a la atención sanitaria, sino que intenta abarcar toda la geografía nacional y a todos los sectores sociales. Anulando por decreto la competencia y/o compitiendo con las otras formas de propiedad de la salud, pero en forma desleal, gozando para dicho fin de subsidios y exoneraciones tributarias que no posee la empresa privada, la cooperativa, la social, la comunal, etc.

 Asimismo, se abusa del concepto de complementariedad, usándolo sólo cuando se trata de monopolizar la atención en forma geográfica, pero negándolo absolutamente cuando se trata de la distribución de los recursos, que el Estado hace para dicho fin.

 La política sanitaria que esperaba el país era una política acorde con la política económica y que, por lo tanto, distribuyera el gasto en Salud a las personas más golpeadas por la reestructuración económica.

 Cuando, retóricamente, el ministro Paredes planteaba que privatizar Salud era dejar en el abandono más grande a la población peruana, aplicaba la lógica siguiente: la salud es un servicio público; por lo tanto, debe ser suministrada por el Estado gratuitamente, sin percatarse de que todos los servicios públicos pueden ser provistos por todas las formas de propiedad que existen, en tanto que los usuarios deben exigir con justa razón que éstos sean de calidad.

 En otras palabras, su concepción estaba acorde con los lineamientos del régimen aprista. Lo que debió entender es que el Estado debería proveer ese servicio sólo a los que no tienen acceso a la salud. En otras palabras, debería dedicarse a las llamadas cargas sociales (niños, ancianos, incapacitados y extremadamente pobres).

 En otras palabras:

1) La reestructuración del ministerio debería empezar por elaborar claramente los lineamientos del sector, basada en la economía de mercado, entendida ésta como decisión política.

2) El Ministerio de Salud debería dedicarse a suministrar salud gratuitamente a las víctimas de esta economía de mercado.

3) Debería dar salud en las zonas donde no existe ningún nivel de salud.

4) Deberían los hospitales y centros de salud entrar en la libre competencia, evitando el monopolio impuesto por ley. Esta libre competencia debiera basarse en un adecuado control de los agentes que participan en la salud: el proveedor de la salud, el paciente y, finalmente, el financista.

5) El ministerio debería ejecutar todas aquellas acciones sociales tendentes a preservar el medio ambiente y combatir las epidemias.

Ejecutar todas estas acciones significa revalorizar el adecuado papel rector del Estado. Papel rector en su real dimensión: la salud como tarea de todos.

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