Los médicos no necesitan un SOAT

El reciente proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, que crea el seguro obligatorio médico, ha generado una enorme polémica, porque no beneficia a nadie. Genera en cambio un enorme perjuicio a la población, al Estado, a los trabajadores de salud y a los médicos.

Las leyes vigentes reconocen el derecho a la indemnización por cualquier daño ocasionado por el ejercicio profesional, sin embargo, el proyecto de ley ha especificado los daños, reduciéndolos exclusivamente a los de negligencia, impericia, imprudencia y error médico, dejando fuera de la indemnización otros que son más frecuentes como la negligencia sanitaria, es decir, por falta de equipos, insumos, equipamiento, medicamentos, etc., los casos fortuitos y sobre todo los delitos dolosos, es decir, aquellos profesionales que usan sus conocimientos para hacer daño.

Esta puntualización de los daños a indemnizar genera suspicacias, debido a que son poco frecuentes (41 casos de 37 millones de actos médicos) y sobre todo porque las aseguradoras tendrían que hacer un proceso previo para separar los daños indemnizables de los que no lo son. Proceso que tardará tanto que la indemnización ya no será oportuna. El peligro es que los pacientes terminarán realizando un doble proceso judicial, uno por la indemnización y otro contra la aseguradora. Es decir, el remedio será peor que la enfermedad.

La queja justificada de los pacientes se refiere a la negligencia sanitaria, a la irresponsabilidad de las instituciones que administran la salud del país, incluyendo a las propias compañías aseguradoras de asistencia médica. Sólo basta averiguar a la Superintendencia de EPS (aseguradoras privadas), qué volumen de quejas y reclamos manejan por incumplimiento de los contratos y prestaciones médicas.

La atención médica en las zonas alejadas de la capital se realizan en condiciones difíciles y muchas de las veces con consultas gratuitas o muy baratas, pero al introducirse este seguro se eliminará la filantropía por las la avalancha de las demandas injustificadas que esto acarreará. Además el Estado asignará sus escasos recursos para asegurar a sus médicos, transfiriendo recursos a las aseguradoras. Hay que recordar que el 90% de los actos médicos en el país lo realiza el sector público.

La población quiere una protección verdadera, de todos los daños pronta y oportuna. Hay que reforzar el Poder Judicial, el sistema extrajudicial del arbitraje y la conciliación y sobre todo no quiere que unos pocos engorden sus arcas a costa de sus necesidades. Las aseguradoras deberían primero ser auditadas en su cumplimiento en el área médica antes de proceder a promulgar esta ley. El presidente Toledo debe observar la norma. La población más pobre así lo exige.

HERBERT CUBA GARCÍA

(Directivo de la Asociación Médica Peruana)

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